En esos años nueve mujeres; las ex directoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza, Laura Gaetán, la ex representante legal Graciela Pascual, la psicóloga Cecilia Raffo y las religiosas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka, todas ellas vinculadas al Instituto para personas sordas e hipoacúsicas “Antonio Próvolo” de Luján de Cuyo, Mendoza, fueron sometidas a un proceso judicial que se hizo público lleno de escarnio, insulto, exilio, difamación mediática, acusadas de infinidad de delitos de índole sexual sobre alumnos, por una instrucción lamentable de la mano de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. A ellos se sumaron querellantes que durante años hicieron uso de la prensa y redes para “informar” sobre la causa sin dejar detalle alguno al margen, denostando a las acusadas, muchas de ellas asimiladas a verdaderos monstruos, como se pudo apreciar con la exhibición de la monja japonesa Kumiko Kosaka, cuya imagen del arribo a Mendoza, recorrió el mundo entero con hábito y esposas a pesar que se había presentado voluntariamente en Buenos Aires.
La Procuración General nada hizo por la difusión de imágenes de las inocentes acusadas y durante el proceso se filtró todo a la prensa, a modo de ejemplo, podemos citar las pericias psicológicas de las acusadas cuya divulgación y/o publicación está absolutamente vedada por ley.
No sólo ellas fueron estigmatizadas sino también los abogados que asumimos la defensa y también jueces que no decidían como las querellas querían en algunos tramos del proceso. La prensa compró rápida e ingenuamente los buzones que se les ofrecían por el caso conocido como “Próvolo II” porque el espectáculo estaba garantizado con narraciones de horror sobre personas discapacitadas ex alumnos como presuntas víctimas de abusos sexuales de los que supuestamente estas mujeres habrían conocido o habrían participado.
Como abogados pusimos en discusión los relatos, la labor de los intérpretes y a los profesionales intervinientes del Cuerpo Médico Forense, todos contaminados y carentes de capacidad profesional necesaria. Claro está que las denuncias penales realizadas contra ellos duermen en manos de la misma Procuración que no garantizó o no se interesó por un juicio justo.
Tanto Graciela Pascual como Kumiko Kosaka pasaron años de prisión injusta sobre la base de relatos contaminados e increíbles que fueron escuchados durante prácticamente esos seis largos años de proceso y en el juicio con pandemia incluida.
La mañana del 18 de octubre del 2023 tuvo la paz de esperar por fin una respuesta ante tanta pregunta. Sin embargo hubo antes de la sentencia un momento conmovedor, único, que fue escuchar por primera y última vez de manera pública las palabras que todo acusado tiene para decir antes de la sentencia que lo absolverá o condenará. Cada una de las nueve fue diciendo a su manera y con sus tiempos y emociones lo que significó este proceso contaminado, manipulado y mentiroso. La prensa estaba presente, los denunciantes que quisieron ir, como también jueces de otros tribunales. Cada palabra se pronunciaba en un silencio único y con mucha atención y así estas mujeres de manera espontánea dijeron aquello que por años debieron soportar.
Al medio día las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna dieron sus argumentos en decenas de páginas y páginas (376) donde describieron la inocencia de las nueve mujeres acusadas, caso por caso, persona por persona, detalle por detalle y luego de leída la parte dispositiva, el trió de juezas se fueron como llegaron en silencio en busca de abrazos y contenciones, el deber estaba hecho, mientras a los acusadores sólo les quedaba la queja del mal perdedor a la salida de la audiencia enfrentando los micrófonos de una prensa aturdida.
En una habitación minúscula todos los abogados y las mujeres libres por fin de culpa, nos fundimos en abrazos y lágrimas interminables, también habíamos cumplido nuestra tarea. El derecho penal nunca da alegrías pero sí satisfacciones.
Luego, a los días se intentó incluso el descrédito de las juezas; las quejas de fiscales y querellantes eran porque ellas no habrían tenido perspectiva de discapacidad, que la prueba tal no se valoró, que aquella otra evidencia fue mirada de menos, en fin, sólo hicieron el acting de siempre, editar respuestas y apoyarse en la vulnerabilidad de sus clientes, querer ser lo que no son.
La sentencia está ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia esperando la audiencia solicitada por los acusadores, donde oiremos sus mismos lamentos, sus mismas ediciones, sus mismos errores, y donde la culpa la tiene el otro.
Cualquiera sea la decisión, nadie nos quitará el honor y privilegio de haber estado ahí, de haber interrogado a todos y a todas las personas durante días y horas, con intérpretes y psicólogos de por medio, entre recusaciones, hasta incluso advertir que un juez que presidía el Tribunal que junto a otros fiscales se burlaba de Kosaka se tuvo que ir por la vergüenza de lo sucedido y que curiosamente aún dicta sentencias. Ningún miembro de la fiscalía, jueces o profesionales de salud han tenido alguna sanción hasta ahora por la lamentable labor que hicieron en esa instrucción de años.
La sentencia del 18 de octubre del 2023 tiene no obstante vida propia y vuela por el mundo porque la hemos dado a conocer en todos los rincones por el valor de la misma y lo seguiremos haciendo.
Ha sido para nosotros el caso más complejo en que hemos trabajado y claramente agotador pero con la grata y enorme compañía de Valeria Corbacho, Lucas Fallet y en algunos tramos por Ignacio Aragonés y Ramiro Villalba y, al final de ellos con Facundo del Olmo y Josué Varela. Sólo un equipo era capaz de desentrañar decenas de cámaras gesell, pericias, informes y documentos contradictorios, manipulados y contaminados.
Como abogados sabemos que una justicia independiente tiene distintas instancias, ahora esperamos esta nueva audiencia que deparará nuevamente una sentencia.
Ninguna de estas nueve mujeres volvió a ser como antes, porque fueron humilladas de tal manera que cuesta mucho recuperarse, más cuando falsamente se las acusaba de delitos aberrantes en materia sexual de los que nunca participaron o realizaron.
La sentencia del Tribunal Penal Colegiado N° 2 de las juezas es un himno y mapa sobre el análisis del testimonio judicial o psicología del testimonio. Es la versión completa de cómo se construyó y de quienes fomentaron la contaminación y perjudicaron a los denunciantes. Es una madeja desenredada trazo por trazo, relato por relato con serios cuestionamientos a fiscales, querellas y profesionales de salud.
Es la homilía sobre una mala praxis con la que no debiera haber condescendencia. El derecho y la justicia se caracterizan por la incertidumbre, por eso no sabremos hasta el final cual será el resultado de esta segunda etapa que seguramente terminará o en la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en las instancias internacionales o en otro lugar. Lo que sí es seguro es que todas las mujeres, osamos hablar por todas ellas aunque solo seamos abogados de Asunción y Kumiko, no cambiarán su versión, no inventarán fechas, no asumirán abusos ni culpas de otros, como por los hechos por los que sacerdotes y civiles fueron condenados en el Primer Juicio del 2019. A cada uno que le quepa su propio sayo.
La historia judicial de Mendoza una mañana de octubre asombró al mundo que esperaba el resultado amplificado por la infamia y la acritud. Hoy las magistradas seguramente caminan o duermen de la mejor manera que la vida les concede y las nueve mujeres siempre inocentes, a pesar del dolor y el fuego sufrido mantienen la mirada alta por el único orgullo que les queda; que aquello que siempre dijeron y que pocos creyeron se confirmó esa mañana del 18 de octubre del 2023 con la palabra “Absolución”. Ojalá para siempre.

    Carlos Varela Alvarez    Enoc Hugo Ortiz
        Abogados 

En este sitio difundiremos los aspectos relevantes del caso judicial conocido como Próvolo II, llevado a cabo en Mendoza, Argentina y que culminara con la sentencia que declaró inocentes el 18.10.2023  a Nueve mujeres acusadas de haber tomado conocimiento o de haber cometido delitos sexuales aberrantes en perjuicio de alumnos/as con discapacidad auditiva en el Instituto Próvolo, espacio religioso católico construido y destinado a la formación de estas personas bajo la Orden religiosa fundada en Verona, Italia.

El caso comenzó a ser conocido e investigarse en noviembre del 2016 cuando exalumnos dieron a conocer estos hechos. Como consecuencia de ello se realizó el juicio Próvolo I que terminó con condenas a dos sacerdotes, Nicolás Corradi (a 42 años) y Horacio Corbacho (a 45 años) y a un empleado con discapacidad auditiva, Armando Gómez ( a 18 años). La sentencia fue dictada en el año 2019 y en ese trayecto otro empleado, Jorge Bordón se declaró culpable siendo condenado a 10 años de prisión.

El Juicio conocido como Próvolo II donde sólo se juzgó a las 9 mujeres se tramitó ante el Tribunal Penal Colegiado II a cargo de las Juezas Gabriela Urciolo, Belén Salido y la Con jueza Belén Renna y se desarrolló por un lapso de 2 años y medio.

La sentencia que declaró inocentes a las 9 mujeres estableció que existió contaminación de los relatos de los denunciantes y en varios pasajes advierte sobre la fantasía de las narraciones como de la imposibilidad que los mismos hayan ocurrido o que las mujeres acusadas los hayan realizado.

El Instituto Próvolo era un predio de 6 hectáreas, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, con escuela, talleres y con albergue para varones y mujeres. Su población estudiantil estaba integrada por aquellos que regresaban a sus casas al mediodía después de las clases, otros que regresaban finalizada la doble jornada que sería a las 17 hs y los otros que eran albergados que se retiraban a sus casas los viernes al mediodía.

El personal que trabajó allí alcanzó la cifra de 50/60 personas entre docentes, personal de cocina, profesionales como fonoaudiólogos, médicas, nutricionista, psicólogos etc. También en los albergues había cuidadores; hombres que cuidaban los chicos y jóvenes varones y entre las 2004 y 2011 religiosas para cuidar a las mujeres y varones pequeños.

Nueve mujeres fueron acusadas de haber tomado conocimiento o de haber cometido abusos. Graciela Pascual, Trabajadora Social y Representante Legal, Las Directoras en distintos períodos; Gladys Pinacca, Cristina Leguiza, Valeska Quintana y Laura Gaetán. La psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las religiosas de la Orden del Huerto Asunción Martínez y Kumiko Kosaka. Graciela Pascual y Kumiko Kosaka fueron las dos personas que estuvieron privadas de libertad durante gran parte del proceso penal. La cocinera Noemí Paz también estuvo detenida por el lapso de más de un mes en el centro de detención “Agua de las Avispas”.

El caso Próvolo tuvo desde sus inicios la atención de la prensa mundial por la implicancia de religiosos católicos, personas con discapacidad, proveniente de situaciones sociales de pobreza y por las narraciones que se dieron a conocer.

Los primeros días de la denuncia que comenzó haciéndose en la Legislatura Provincial la prensa invadió el predio escolar en busca de testimonios y eso lo amplificó durante meses.

Por otro lado, quienes representaron a los denunciantes y la fiscalía promovieron las noticias informando casi a diario de las novedades y relatos, lo que poco a poco fue conformando una idea en la sociedad. Devino así un linchamiento mediático para quienes eran señalados en las denuncias y en el caso de las mujeres la persecución y la difamación fue el tono característico de los medios y quienes eran sus fuentes.

La violación del principio de Inocencia, la difusión de sus imágenes cuando fueron detenidas o llevadas a declarar ante las autoridades judiciales, los aspectos del proceso que supuestamente las vinculaba fueron repetidos una y otra vez, afectando la vida, sus entornos e intimidad de estas, quienes sufrieron insultos, amenazas, pérdidas laborales y graves crisis familiares.

En este sitio difundiremos los aspectos relevantes del caso judicial conocido como Próvolo II, llevado a cabo en Mendoza, Argentina y que culminara con la sentencia que declaró inocentes el 18.10.2023  a Nueve mujeres acusadas de haber tomado conocimiento o de haber cometido delitos sexuales aberrantes en perjuicio de alumnos/as con discapacidad auditiva en el Instituto Próvolo, espacio religioso católico construido y destinado a la formación de estas personas bajo la Orden religiosa fundada en Verona, Italia.

El caso comenzó a ser conocido e investigarse en noviembre del 2016 cuando exalumnos dieron a conocer estos hechos. Como consecuencia de ello se realizó el juicio Próvolo I que terminó con condenas a dos sacerdotes, Nicolás Corradi (a 42 años) y Horacio Corbacho (a 45 años) y a un empleado con discapacidad auditiva, Armando Gómez ( a 18 años). La sentencia fue dictada en el año 2019 y en ese trayecto otro empleado, Jorge Bordón se declaró culpable siendo condenado a 10 años de prisión.

El Juicio conocido como Próvolo II donde sólo se juzgó a las 9 mujeres se tramitó ante el Tribunal Penal Colegiado II a cargo de las Juezas Gabriela Urciolo, Belén Salido y la Con jueza Belén Renna y se desarrolló por un lapso de 2 años y medio.

La sentencia que declaró inocentes a las 9 mujeres estableció que existió contaminación de los relatos de los denunciantes y en varios pasajes advierte sobre la fantasía de las narraciones como de la imposibilidad que los mismos hayan ocurrido o que las mujeres acusadas los hayan realizado.

El Instituto Próvolo era un predio de 6 hectáreas, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, con escuela, talleres y con albergue para varones y mujeres. Su población estudiantil estaba integrada por aquellos que regresaban a sus casas al mediodía después de las clases, otros que regresaban finalizada la doble jornada que sería a las 17 hs y los otros que eran albergados que se retiraban a sus casas los viernes al mediodía.

El personal que trabajó allí alcanzó la cifra de 50/60 personas entre docentes, personal de cocina, profesionales como fonoaudiólogos, médicas, nutricionista, psicólogos etc. También en los albergues había cuidadores; hombres que cuidaban los chicos y jóvenes varones y entre las 2004 y 2011 religiosas para cuidar a las mujeres y varones pequeños.

Nueve mujeres fueron acusadas de haber tomado conocimiento o de haber cometido abusos. Graciela Pascual, Trabajadora Social y Representante Legal, Las Directoras en distintos períodos; Gladys Pinacca, Cristina Leguiza, Valeska Quintana y Laura Gaetán. La psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las religiosas de la Orden del Huerto Asunción Martínez y Kumiko Kosaka. Graciela Pascual y Kumiko Kosaka fueron las dos personas que estuvieron privadas de libertad durante gran parte del proceso penal. La cocinera Noemí Paz también estuvo detenida por el lapso de más de un mes en el centro de detención “Agua de las Avispas”.

El caso Próvolo tuvo desde sus inicios la atención de la prensa mundial por la implicancia de religiosos católicos, personas con discapacidad, proveniente de situaciones sociales de pobreza y por las narraciones que se dieron a conocer.

Los primeros días de la denuncia que comenzó haciéndose en la Legislatura Provincial la prensa invadió el predio escolar en busca de testimonios y eso lo amplificó durante meses.

Por otro lado, quienes representaron a los denunciantes y la fiscalía promovieron las noticias informando casi a diario de las novedades y relatos, lo que poco a poco fue conformando una idea en la sociedad. Devino así un linchamiento mediático para quienes eran señalados en las denuncias y en el caso de las mujeres la persecución y la difamación fue el tono característico de los medios y quienes eran sus fuentes.

La violación del principio de Inocencia, la difusión de sus imágenes cuando fueron detenidas o llevadas a declarar ante las autoridades judiciales, los aspectos del proceso que supuestamente las vinculaba fueron repetidos una y otra vez, afectando la vida, sus entornos e intimidad de estas, quienes sufrieron insultos, amenazas, pérdidas laborales y graves crisis familiares.